Continuamos con el aporte de ideas con la intención de sumar voces al debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta oportunidad compartimos un texto de Isabel Gatti, coordinadora del Grupo de Ética del Centro de Comunicación La Crujía. .
Ley de servicios audiovisuales: ¿la ley mordaza o la ley amordaza?
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Por Isabel Gatti.
Coordinadora Grupo de Ética del Centro de Comunicación La Crujía.
Coordinadora Grupo de Ética del Centro de Comunicación La Crujía.
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Muchos afirman que vivimos en un mundo complejo y que comprender lo social supone hoy un esfuerzo muy diferente al que exigían otras etapas de la historia. Esta afirmación es absolutamente verificable si miramos con detenimiento cuánto está ocurriendo en el debate sobre el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales para nuestro país.
La propuesta de este artículo, recoge la discusión que venimos desarrollando dentro del Centro de Comunicación La Crujía con un grupo interdisciplinario formado por profesionales de diferentes ámbitos interesados en la comunicación y fundamentalmente preocupados por la consideración ética de los fenómenos sociales, especialmente los vinculados a la comunicación social. Por otra parte, este tema se ha trabajado en nuestra institución desde los inicios del debate en los años ’80 con la recuperación de la democracia para nuestro país.
La propuesta de este artículo, recoge la discusión que venimos desarrollando dentro del Centro de Comunicación La Crujía con un grupo interdisciplinario formado por profesionales de diferentes ámbitos interesados en la comunicación y fundamentalmente preocupados por la consideración ética de los fenómenos sociales, especialmente los vinculados a la comunicación social. Por otra parte, este tema se ha trabajado en nuestra institución desde los inicios del debate en los años ’80 con la recuperación de la democracia para nuestro país.
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De que estamos hablando
El discurso ideológico de uno y otro lado, no nos permite ver cuál es el tema de fondo que se está legislando. La discusión sobre una ley de servicios audiovisuales u otra sobre el libre acceso a la información pública está resguardando el derecho a la comunicación que tenemos todos los ciudadanos por el sólo hecho de serlo. Este derecho, que se explicita en numerosos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre derechos humanos (San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969) que Argentina no sólo ha ratificado sino que lo ha incorporado en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 (Ver la la ratificación argentina aquí).
La comunicación de consecuencia es un derecho, no es una mercancía, por este motivo no puede dejarse al libre juego del mercado lo que suceda con las empresas que vehiculizan este espacio. De allí la denominación que asumen algunas legislaciones cuando definen la estructura de medios como un ámbito de servicio público. Esta definición fue acuñada en los sistemas europeos, aún si en la actualidad muchos han resignado amplios espacios a lo privado como en el caso de Italia. De hecho en la presente ley se denomina a los servicios audiovisuales con la figura de “dominio público”.
La pregunta que surge en este recorrido es: ¿Los actuales monopolios garantizan este derecho? ¿En estos 26 años de negocios, estas empresas, en algún momento, se preocuparon por estos temas? Creo poder afirmar que el único interés que ha empujado la concentración mediática actual ha sido el lucro y por esto los actuales dueños de los medios han “amordazado” cualquier intento de regulación en este sector. No podemos olvidar, por ejemplo, que cuando iniciaba la nueva etapa democrática un senador radical: Laferriere, hizo una declaración contra los monopolios y fue enterrado mediáticamente. Nunca más fue posible encontrar una entrevista, alguna mención que lo tuviera por protagonista. Muchos legisladores y comunicadores sufren este “síndrome Laferriere”; está suficientemente demostrado que la “libertad de prensa” en los monopolios mediáticos es “libertad de empresa”.
“Es un debate apresurado”
No vamos a evaluar aquí si la ley tenía que discutirse en agosto o diciembre, pero algo objetivo es que desde hace 26 años que no puede sancionarse. Durante este período se propusieron 70 proyectos y ninguno llegó a ser discutido en el recinto del congreso. ¿Por qué? Por la presión de los dueños de los medios. Esto se agudizo durante el “Menemato” así como se remataron otros recursos públicos, también se privatizaron todos los recursos posibles en el orden de la comunicación pública. Las consecuencias directas de esta gestión es la conformación de los actuales monopolios mediáticos. El “dejar hacer” de muchos permitió que la “riqueza comunicativa” se concentrara en unos pocos. La actual composición del sistema de medios en Argentina no garantiza la pluralidad informativa.
Desde 1983 cientos de organizaciones sociales han propugnado desde diversos foros la necesidad de presentar una ley que exprese mayormente el espíritu democrático que intentamos fortalecer en nuestro país. Desde 2004 estos esfuerzos se institucionalizaron en la conformación de la Coalición por una radiodifusión democrática. Se puede consultar la página web para conocer la cantidad de instituciones que apoyan esta iniciativa: organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, universidades.
Este colectivo de organizaciones preparó 21 puntos que tendrían que tenerse en cuenta para la redacción de la futura ley. Un dato interesante de aportar es que en agosto de 2008 la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés público estos 21 puntos. A su vez en marzo de 2009, la Coalición entregó este documento a la Presidenta Cristina Fernández. En este acto ella se comprometió a enviar al congreso el proyecto a fines mayo. La fecha se postergó por las elecciones. Estos argumentos bastarían para demostrar que quienes estuvieron legítimamente interesados en el debate pudieron sumarse o presentar iniciativas. El juego de los grandes medios fue el de la época menemista. Dejar hacer, creyendo que todo se iba a diluir, como siempre. Sin embargo, los K, coherentes con sus dichos de la lectura del 28 de Junio “…hay que profundizar el modelo”, no sólo han enviado el proyecto de ley basándose en los 21 puntos, a último momento excluyeron a las telefónicas del negocio e incluyeron casi textualmente las objeciones que les hicieron llegar desde la centro izquierda a través de personas que desde hace años están bregando por estos derechos, como Pino Solanas. De esta forma muchos se quedaron sin discurso opositor y acompañaron la ley como en el caso de los socialistas.
De que estamos hablando
El discurso ideológico de uno y otro lado, no nos permite ver cuál es el tema de fondo que se está legislando. La discusión sobre una ley de servicios audiovisuales u otra sobre el libre acceso a la información pública está resguardando el derecho a la comunicación que tenemos todos los ciudadanos por el sólo hecho de serlo. Este derecho, que se explicita en numerosos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre derechos humanos (San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969) que Argentina no sólo ha ratificado sino que lo ha incorporado en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 (Ver la la ratificación argentina aquí).
La comunicación de consecuencia es un derecho, no es una mercancía, por este motivo no puede dejarse al libre juego del mercado lo que suceda con las empresas que vehiculizan este espacio. De allí la denominación que asumen algunas legislaciones cuando definen la estructura de medios como un ámbito de servicio público. Esta definición fue acuñada en los sistemas europeos, aún si en la actualidad muchos han resignado amplios espacios a lo privado como en el caso de Italia. De hecho en la presente ley se denomina a los servicios audiovisuales con la figura de “dominio público”.
La pregunta que surge en este recorrido es: ¿Los actuales monopolios garantizan este derecho? ¿En estos 26 años de negocios, estas empresas, en algún momento, se preocuparon por estos temas? Creo poder afirmar que el único interés que ha empujado la concentración mediática actual ha sido el lucro y por esto los actuales dueños de los medios han “amordazado” cualquier intento de regulación en este sector. No podemos olvidar, por ejemplo, que cuando iniciaba la nueva etapa democrática un senador radical: Laferriere, hizo una declaración contra los monopolios y fue enterrado mediáticamente. Nunca más fue posible encontrar una entrevista, alguna mención que lo tuviera por protagonista. Muchos legisladores y comunicadores sufren este “síndrome Laferriere”; está suficientemente demostrado que la “libertad de prensa” en los monopolios mediáticos es “libertad de empresa”.
“Es un debate apresurado”
No vamos a evaluar aquí si la ley tenía que discutirse en agosto o diciembre, pero algo objetivo es que desde hace 26 años que no puede sancionarse. Durante este período se propusieron 70 proyectos y ninguno llegó a ser discutido en el recinto del congreso. ¿Por qué? Por la presión de los dueños de los medios. Esto se agudizo durante el “Menemato” así como se remataron otros recursos públicos, también se privatizaron todos los recursos posibles en el orden de la comunicación pública. Las consecuencias directas de esta gestión es la conformación de los actuales monopolios mediáticos. El “dejar hacer” de muchos permitió que la “riqueza comunicativa” se concentrara en unos pocos. La actual composición del sistema de medios en Argentina no garantiza la pluralidad informativa.
Desde 1983 cientos de organizaciones sociales han propugnado desde diversos foros la necesidad de presentar una ley que exprese mayormente el espíritu democrático que intentamos fortalecer en nuestro país. Desde 2004 estos esfuerzos se institucionalizaron en la conformación de la Coalición por una radiodifusión democrática. Se puede consultar la página web para conocer la cantidad de instituciones que apoyan esta iniciativa: organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, universidades.
Este colectivo de organizaciones preparó 21 puntos que tendrían que tenerse en cuenta para la redacción de la futura ley. Un dato interesante de aportar es que en agosto de 2008 la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés público estos 21 puntos. A su vez en marzo de 2009, la Coalición entregó este documento a la Presidenta Cristina Fernández. En este acto ella se comprometió a enviar al congreso el proyecto a fines mayo. La fecha se postergó por las elecciones. Estos argumentos bastarían para demostrar que quienes estuvieron legítimamente interesados en el debate pudieron sumarse o presentar iniciativas. El juego de los grandes medios fue el de la época menemista. Dejar hacer, creyendo que todo se iba a diluir, como siempre. Sin embargo, los K, coherentes con sus dichos de la lectura del 28 de Junio “…hay que profundizar el modelo”, no sólo han enviado el proyecto de ley basándose en los 21 puntos, a último momento excluyeron a las telefónicas del negocio e incluyeron casi textualmente las objeciones que les hicieron llegar desde la centro izquierda a través de personas que desde hace años están bregando por estos derechos, como Pino Solanas. De esta forma muchos se quedaron sin discurso opositor y acompañaron la ley como en el caso de los socialistas.
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¿Y el diálogo?
Teniendo en cuenta el contexto anteriormente descripto y con reservas con relación al método de presentación de la ley, decidimos sumarnos al movimiento de la Coalición por una radiodifusión democrática. La ética supone tomar un posicionamiento, que muchas veces es por el mal menor. En este caso creemos que la correlación de fuerzas que ha generado el movimiento político en el tratamiento del proyecto de ley de servicios audiovisuales ha permitido un diseño mucho más apto que lo que nos brindaba la 22.285. La asignatura pendiente sigue siendo el tan esperado diálogo. Alguien decía una vez. “Si querés la paz, prepará la paz”; nosotros podríamos decir: “Si querés el diálogo, prepará el diálogo”. No es posible convocar a todos los partidos para pensar juntos la reforma política y al mes siguiente imponer una ley, por más justa que ésta sea sin ampliar los ámbitos de discusión. Por esto desde nuestros espacios seguimos bregando por la posibilidad de que todos podamos hablar desde el respeto, desde el reconocimiento de la dignidad de cada adversario, donde el diálogo pueda darse libremente “sin mordazas.”
¿Y el diálogo?
Teniendo en cuenta el contexto anteriormente descripto y con reservas con relación al método de presentación de la ley, decidimos sumarnos al movimiento de la Coalición por una radiodifusión democrática. La ética supone tomar un posicionamiento, que muchas veces es por el mal menor. En este caso creemos que la correlación de fuerzas que ha generado el movimiento político en el tratamiento del proyecto de ley de servicios audiovisuales ha permitido un diseño mucho más apto que lo que nos brindaba la 22.285. La asignatura pendiente sigue siendo el tan esperado diálogo. Alguien decía una vez. “Si querés la paz, prepará la paz”; nosotros podríamos decir: “Si querés el diálogo, prepará el diálogo”. No es posible convocar a todos los partidos para pensar juntos la reforma política y al mes siguiente imponer una ley, por más justa que ésta sea sin ampliar los ámbitos de discusión. Por esto desde nuestros espacios seguimos bregando por la posibilidad de que todos podamos hablar desde el respeto, desde el reconocimiento de la dignidad de cada adversario, donde el diálogo pueda darse libremente “sin mordazas.”
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